Echegaray modificó así la resolución del secretario de Comercio Interior para aprobar una operación
Algo inusual para la dinámica interna del Gobierno: por una vez la palabra de Guillermo Morenono fue la última. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) redujo a menos de la mitad el plazo que el secretario de Comercio Interior pensaba tomarse para decidir si autoriza o no las operaciones de importación que se concreten a partir del 1° de febrero próximo.
En su primera resolución del año, publicada en el Boletín Oficialhace once días, Moreno había resuelto adherir al mecanismo de declaración jurada anticipada de importación (DJAI), dispuesto por la AFIP para todas las importaciones, y prometió pronunciarse «en un plazo no mayor a 15 días hábiles» (o sea, 21 días más los feriados que caigan en el medio).
Pero ayer se conoció la reglamentación de la resolución 3252 de la AFIP, con una fuerte reducción de esos plazos: «Los organismos gubernamentales que adhieran al régimen de DJAI deberán efectuar las observaciones electrónicas que correspondan, en orden a su competencia, dentro de las 72 horas de la oficialización de esa declaración. El mencionado plazo podrá ampliarse hasta un máximo de 10 días corridos en aquellos casos en que la competencia específica del organismo adherente así lo amerite», señala el texto, que lleva la firma del jefe del organismo recaudador, Ricardo Echegaray.
La AFIP dio a conocer esta reglamentación luego de que varias cámaras empresariales nacionales y extranjeras expresaron su preocupación por la incertidumbre que abría la exigencia de información anticipada sobre las importaciones. Echegaray intentó calmar a los empresarios la semana pasada con promesas de que no se trataba de nuevas trabas, pero permaneció abierta la duda de cómo este mecanismo sería utilizado por Moreno. Fuentes del Gobierno reconocieron anoche que Echegaray buscó «marcarle la cancha» a Moreno.
Tanto en despachos oficiales como en oficinas del sector privado se escuchan versiones sobre ciertos focos de tensión entre el jefe de la AFIP y el equipo que comandan Moreno y la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri.
La reglamentación dispuesta por Echegaray enfatiza que si el organismo adherido -hasta ahora, en ese listado sólo figura Comercio Interior- no se pronuncia en las 72 horas (o 10 días, como máximo), «continuará la tramitación para la operación de importación».
Ventanilla única
Un operador de comercio exterior destacó que tampoco es inocente la mención de la «ventanilla única electrónica» que formula Echegaray en el primer artículo de la norma que se conoció ayer. «Eso es para traerlo al pie, porque entonces no hay que hacer la presentación en su secretaría, como había pedido Guillermo», dijo.
Ayer, tanto en la AFIP como en la Secretaría de Comercio Interior guardaron silencio sobre este tema. Sin embargo, Echegaray habló por la mañana con algunas radios. En una de las entrevistas, indicó que el nuevo mecanismo está pensado «para todo el Estado nacional y no para la Secretaría de Comercio». En ese sentido, recordó que buscarán incluir en el mecanismo de la DJAI al Senasa, uno de los organismos que exigen más requisitos para poder autorizar importaciones.
La reglamentación conocida ayer oficializa también cuáles son las excepciones a este régimen: las operaciones de reimportación, compensación de envíos de mercadería con deficiencias, donaciones, muestras, franquicias diplomáticas, mercadería con franquicias de tributos, courrier, envíos postales, plantas llave en mano y envíos escalonados aprobados antes del 1° de febrero.
El presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, dijo que las respuestas brindadas por Echegaray parecían satisfactorias, pero aclaró: «Nosotros ahora tenemos que esperar a ver cómo concretamente se ponen en marcha. Hay que ver cómo se coordinan con todos los organismos».
Desde la Cámara de Importadores (CIRA), el gerente de Relaciones Institucionales, Miguel Ponce, también se mostró «muy satisfecho» con la forma en la que se reglamentó la norma, aunque pidió que este nuevo régimen funcione como bisagra y que se realice una especie de «blanqueo» de todas las operaciones de importación que están pendientes de aprobación.
La crítica más fuerte hacia el nuevo régimen provino de la agencia calificadora Moody’s. «Esperamos que los nuevos controles a la importación impliquen mayores ineficiencias económicas en el largo plazo y un efecto apenas moderado para frenar la contracción del superávit en el corto plazo», señaló..
Fuente: La Nación
