FUENTE: La Nación
Por Emiliano Galli.
Pasa en Buenos Aires, cada vez que se hacen jornadas internacionales de estas características: la apertura demora un poco más de lo previsto y el cierre se demora más de lo necesario.
Esta vez, la apertura de la 7° Reunión Mundial de Derecho Aduanero, que se organizó por primera vez en Buenos Aires la semana última, no se demoró demasiado. El murmullo, generalizado, entre los organizadores y los primeros relatores confirmaba el primer trago amargo: la directora general de Aduanas, Siomara Ayerán, que debía dar un discurso de apertura, había cancelado su presencia. Con el correr de las horas, la desilusión se completó cuando se supo que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray no asistiría al cierre de las jornadas. «Dio la orden de que ningún funcionario viniera», fue la frase que dominó la escena.
Por supuesto, se desconocían los motivos. El desconcierto era mayúsculo, habida cuenta de que Echegaray cuenta con un registro de asistencia casi perfecta desde su época de titular de la Dirección General de Aduanas, en cuanto encuentro de despachantes o de derecho aduanero se realizó. Y al desconcierto le siguió el sentimiento de «papelón» por las autoridades internacionales invitadas a disertar, entre ellas, Jane Restani, jueza de la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos, o el director general de Aduanas de España, Antonio de la Ossa Martínez, que tras volar toda la noche, fue derecho de Ezeiza al Marriott para moderar el panel «Delitos transnacionales en el comercio internacional». No hubo autoridad local para recibirlo.
«Vemos pocos funcionarios de Aduana», arrancó Juan Patricio Cotter, del Instituto Argentino de Derecho Aduanero (IAEA), para descomprimir un poco la situación incómoda ante la presencia de numerosas delegaciones latinoamericanas, norteamericanas y europeas, y dejar inaugurada la reunión internacional de derecho aduanero.
El hilo conductor de las jornadas fue el rol de los profesionales del derecho y los despachantes frente a las aduanas en un momento en que la facilitación del comercio y el comercio seguro conviven con rispideces, porque hay que hacer equilibrio entre darle competitividad al comercio, con agilidad, sin que ello implique laxitud de controles. «El terrorismo busca los puertos con menos controles», resumió Cotter, tras agregar: «Las aduanas pasaron de ser órganos de recaudación a actores principalísimos en la lucha contra el lavado y el fraude marcario».
El primer panel de la reunión abrevó sobre la seguridad jurídica en las normas aduaneras. Y en su introducción, Enrique Barreira, uno de los autores del Código Aduanero argentino y miembro de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, apuntó: «La seguridad jurídica tiene que ver con la previsibilidad. Y en un Estado de derecho esto implica que el derecho sea conocido y comprendido, y que esté garantizado para el ciudadano en las más altas esferas jerárquicas de la norma, no sólo en el reglamento».
En palabras del brasileño Fernando Pieri, «la seguridad jurídica es una garantía del pasado, una certeza del presente y una planificación del futuro». En tanto, el especialista colombiano Germán Pardo Carrero, fue al grano: «Evitar la arbitrariedad es posible. Ahí están las normas, hay que seguirlas».
Lorena Bartomioli, del IAEA, centró el concepto de seguridad jurídica bajo el marco de la jurisprudencia de la Corte Suprema, y rescató que es el «resultado del acatamiento de las normas que imperan en el Estado de derecho y que deben ser respetadas por los poderes públicos con el fin de procurar su vigencia real y no solamente formal».
«Todos los operadores del comercio exterior, de la misma manera que evalúan el costo y beneficio de su negocio, deben conocer los riesgos. Todos tenemos que trabajar juntos, cada uno en su competencia, para que la inseguridad jurídica no se constituya, como hoy lamentablemente, en un segmento de ese riesgo», indicó.
A su turno, Gustavo Zunino, aplicó el concepto a la realidad comercial del Mercosur, y a sus asimetrías, y recomendó para su solución la creación de «un Tribunal de Justicia con capacidad para dictar fallos jurídicos indicando la ilegitimidad de los actos jurídicos con la obligación de los Estados de respetarlos». La carencia del perfil supranacional en el Mercosur, abundante en organismos intergubernamentales en cambio, es óbice para la convergencia integral, concluyeron los especialistas.
Inevitablemente, surgió la crítica a la aplicación de las licencias no automáticas en un bloque que se prometió a sí mismo la libre circulación de las mercaderías y la no imposición de restricciones unilaterales para los bienes del Mercosur. También quedó en evidencia un reproche al flamante Código Aduanero del Mercosur, porque reservó el derecho a cada Estado miembro a dictaminar sobre las retenciones a las exportaciones, una clara conquista de la delegación argentina.
Cambio de paradigma
El uruguayo Pablo Labandera dejó en evidencia cómo la Aduana es cada vez más ente de control y menos de recaudación, habida cuenta del control inteligente que lleva adelante, con perfiles de riesgo y con la instrumentación del operador económico autorizado, recomendación emanada de la propia Organización Mundial de Aduanas (OMA), y advirtió que no necesariamente el sector privado puede seguir el ritmo normativo y que, mientras se le exige un cumplimiento estricto, no siempre hay acuerdo de criterio entre las propias aduanas sobre la interpretación de las normas que de ellas emanan.
Otro punto técnico de la jornada consistió en el análisis de la situación del contencioso aduanero. Allí expusieron Ricardo Xavier Basaldúa, quien destacó la importación de contar con jurisdicción especializada en materia aduanera. «Las jurisdicciones especializadas constituyen respuestas al objetivo de preservar la solución equitativa de los conflictos, es decir, una solución judicial por parte de quien conozca cabalmente la regulación específica dictada para regular la materia especial de que se trata», sostuvo.
Por su parte, el español Francisco Javier González Gragera, detalló los retos que enfrenta la impartición de la justicia aduanera, y explicó que en la Unión Europea se implantó el principio de «responsabilidad extracontractual», es decir, que el Tribunal de Justicia de la UE, poniendo de relieve la primacía de los actos comunitarios, establece que los Estados nacionales «son responsables frente a los particulares por el incumplimiento del ordenamiento comunitario», en concreto, por la lesión de un derecho otorgado por el Derecho Comunitario.
Uno de los paneles que más atención despertó fue el que trató los delitos transnacionales en el comercio internacional.
Más allá de las disputas entre privados y aduanas respecto de la interpretación de normas, declaraciones, clasificaciones, etcétera, poco desnaturaliza tanto el comercio exterior como el uso que «las fuerzas del mal» hacen del intercambio de buena fe de mercaderías en todo el mundo. La operatoria, de la que todos coinciden deben tender a que sea ágil, rápida y con controles inteligentes, se ve forzada a cerrar la cuña, y poner la lupa nuevamente.
El 85% del fraude marcario que afecta a productos de la Unión Europea tiene origen en China. Y este país es el mayor exportador mundial de productos terminados, y falsificados.
El fraude marcario es un ataque certero a la «cara» de las empresas, agreden su identidad y minan la confianza que los consumidores tienen en ellas. Es un flagelo que no reconoce fronteras y en el que la Argentina, lamentablemente, está muy extendido por el volumen de mercaderías falsificadas que se comercializan.
Otro de los delitos internacionales es el lavado de activos, un financiamiento de actividades non sancto del comercio internacional que llevó a que se creara el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evaluar cómo atacan los países esta realidad.
Francisco D´Albora recordó que la Argentina creó a propósito la Unidad de Información Financiera (UIF), que tuvo un protagonismo mayúsculo al meterse en las operaciones de comercio exterior, obligando a los sujetos (despachantes, agentes de transporte, importadores, etc.) a informar sobre operaciones sospechosas. El revuelo que generó fue tal que debió dar marcha atrás con la medida, pero no con los despachantes.
Terrorismo
Héctor Guillermo Vidal Albarracín ponderó cómo el terrorismo se transformó en un nuevo actor del comercio internacional. Advirtió que para financiarse recurre «a la comisión de otros delitos como el contrabando, el fraude marcario, el tráfico de estupefacientes, de armas, de residuos peligrosos», entre otros.
Es justamente ante este panorama que las aduanas comienzan a tener un rol para el que tal vez no fueron creadas en un principio, pero al cual hoy no pueden sustraerse. «Deben redefinir su función esencial, pues además de la recaudación tributaria deben controlar el cumplimiento de las prohibiciones a la importación y a la exportación. Ahí pues se advierte, que a través de las prohibiciones no económicas se barren un sinnúmero de ilícitos que van desde la droga, sus precursores, armas, los residuos peligrosos, los productos falsificados, las llamadas «no mercaderías», etc», manifestó.
El tema «drogas» ocupó un lugar central en la ponencia de Vidal Albarracín, tanto en cuanto al veloz crecimiento del consumo como por el avance indiscriminado de la producción de drogas sintéticas y metanfetaminas, y, por supuesto, por la presencia creciente del narcotráfico en la Argentina.
Jorge Rivera Vázquez, de México, disertó sobre el régimen aduanero de tránsito internacional y los delitos transnacionales. Como México, la Argentina es también un país de tránsito entre varios mercados.
«El régimen de tránsito busca por una parte facilitar el traslado de bienes y medios de transporte en aquellos territorios que se encuentran entre el punto de partida y el punto de destino, y al mismo tiempo otorgar las garantías necesarias ante las autoridades aduaneras de dichos territorios, de que el tránsito no será objeto de un desvío hacia sus mercados interiores», destacó, tras agregar que estas garantías son sólidas si están respaldadas por elementos que brinden seguridad y tecnología de comunicaciones.
Para el cierre, Andrés Rodhe Ponce (Academia Internacional de Derecho Aduanero); Gustavo López (Centro Despachantes de Aduana); y Alejandro Ramos Gil (Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las Américas) coincidieron en que sólo la capacitación permanente permitirá enfrentar los retos y los desafíos que la nueva realidad del comercio internacional impone a los profesionales de aduanas.
Un mensaje compartido: «Cada día es más ignorado el sistema jurídico. El derecho aduanero no está en la agenda prioritaria de nuestros países», dijo Ramos Gil. La ausencia de autoridades locales rubricaron el comentario.
Las aduanas y los privados (despachantes y abogados) necesitan trabajar en conjunto para compatibilizar la necesidad de tener un comercio exterior competitivo y ágil con controles exhaustivos que impidan el tráfico de drogas, armas y la piratería.
FLAGELO
La piratería y el fraude marcario no sólo desnaturalizan la normal operatoria del comercio exterior al multiplicar los controles aduaneros sino que representan millonarias pérdidas económicas. ?Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el valor de las mercaderías que incurren en fraude marcario supera los US$ 250.000 millones en el mundo.
En un reciente informe denominado «Estimación de los impactos económicos y sociales en la economía global de la piratería y el fraude marcario», la OCDE proyectó que de no tomarse medidas coordinadas a nivel mundial, el comercio mundial de estos productos podría multiplicarse incluso hasta los US$ 960.000 millones.
Los especialistas advierten que este flagelo no se limita a «juguetes». Cada vez más medicamentos «truchos» copan los mercados, poniendo en riesgo la salud humana.
